domingo, 11 de noviembre de 2012

Derechos humanos. ¿Obligación de quién?

Los tratados de derechos humanos reflejan la noción de que es un deber primordial de los estados y sus autoridades, representantes (no así de las personas pertenecientes al "derecho privado") el garantizar todos los derechos humanos.
En efecto, la idea es que los Estados tienen el deber de asegurar que la Constitución y las demás leyes que de ella emanen, estén adaptadas e interpretadas tendentes a la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre el estado y los individuos, como a las relaciones entre los propios individuos, lo anterior bajo el entendido de que sólo la institución estatal —en virtud de la autonomía y de la exclusividad de su competencia— ejerce el monopolio de la coerción, que se manifiesta singularmente en los campos de la defensa nacional, de la protección del orden público y de la administración de justicia. La idea es que sólo el Estado puede repeler un ataque armado desde el exterior; puede prevenir y conjurar las perturbaciones de la seguridad y de la tranquilidad públicas. Sólo el Estado puede decidir con fuerza de cosa juzgada y hacer que lo juzgado se ejecute.
Así es, la concepción actual es que los estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, los ciudadanos, corporaciones y otros actuantes no gubernamentales que operen dentro de sus límites. Frecuentemente esto significa que el estado debe abstenerse de actuar; sin embargo a veces esto también significa que el estado no debería abstenerse de actuar sino emprender la acción. 
Por tanto, son los Estados quienes tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente.
Aunque claro, lo anterior no implica que los particulares no estén exentos de respetar los derechos humanos.

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