domingo, 14 de octubre de 2012

El cambio mexicano. 2011.

Después de que una aplicación estricta de los postulados del positivismo jurídico devino en una incontable lista de atropellos a la persona que se justificaba bajo el argumento de que el derecho válido y aplicable era el que seguía un procedimiento legislativo previamente regulado en el que el contenido de las normas no era trascendente, el mundo reaccionó y levantó sus manos para que, sin llegar a una postura iusnaturalista que provocara falta de certidumbre legal, se reconociera que los seres humanos tienen derechos por el mero hecho de ser eso, seres humanos. Así surgió un movimiento que, atendiendo al carácter universal de los referidos derechos, los plasmó en instrumentos internacionales, provocando no solamente certeza jurídica, sino también criterios en base a los cuales se puede impartir justicia y no solamente respetar los derechos de los seres humanos, sino incluso se puede lograr bienestar social, que es el objetivo de todos los Estados.


Así pues, atendiendo a ese movimiento, en junio del dos mil once se publicaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales afectaron directamente a la materia de los derechos humanos y que orillan a un cambio de mentalidad en todos los mexicanos.


En efecto, en el año dos mil once en nuestro país fue aprobada una reforma constitucional en el artículo 1°, que más que una transformación terminológica resultó un cambio en la visión que el Estado Mexicano tiene respecto a los derechos en ella consignados. Y es que el término “garantías individuales” al cual se hacía alusión en el artículo primero en comento, fue sustituido por el término de “derechos humanos”, con lo cual ya no se confunde a los mecanismos de protección de derechos (garantía) con los derechos en sí, además de que esa modificación da cabida al reconocimiento de existencia de derechos colectivos (en contraposición a la protección que de manera individual conllevaban las garantías), y por ende, también da lugar a que la protección pueda ser solicitada no solamente de manera individual, sino también por una comunidad.


Asimismo, al establecerse en la reforma al artículo primero en cita que la Constitución Política “reconoce” los derechos humanos, se da a entender que los derechos son inherentes a las personas y que no es el Estado la fuente de los mismos, pues los mismos tienen como fundamento los atributos de la persona humana y, en consecuencia, existen aún cuando aún no consten de manera explícita en una norma.


Además, al establecerse que los derechos humanos que se reconocen no son solamente los consignados en la Constitución Política sino también los que constan en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se amplía la esfera de derechos con los que cuentan las personas por el mero hecho de ser humanos, así como el ámbito de protección con el cual cuentan, pues en su esfera jurídica se incluyen ya los derechos reconocidos por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en los derechos que se han derivado del Derecho Internacional Humanitario, además de que se adopta una postura neo positivista, en la cual bien si bien se procura seguridad jurídica, también se atiende al contenido del Derecho.


Sin embargo, uno de los cambios más trascendentes fue la integración del principio pro personae o pro homine, el cual implica que se deberá preferir, privilegiar o favorecer la interpretación de la norma que resulte más favorable al ser humano o bien, la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona. Así pues, en caso de que dos normas jurídicas puedan ser igualmente aplicables al caso concreto, se debe preferir siempre la aplicación de aquella que más beneficie a la persona y a sus derechos aunque la misma sea jerárquicamente inferior, o bien, aún cuando haya sido introducida al ordenamiento legal de manera anterior a otra menos protectora, con lo cual el Estado mexicano se aleja de los criterios a través de los cuales se resolvían las antinomias legales de acuerdo al positivismo jurídico, cuyo sistema de aplicación de normas era únicamente la subsunción, no la ponderación, siendo ejemplo de ello el hecho de que en caso de que se presente una contradicción entre una norma constitucional y una norma internacional en materia de derechos humanos que cuenta con un contenido que otorga mayor protección a la persona, deberá aplicarse la norma internacional y viceversa, puesto que no se aplica el criterio de jerarquía de la normatividad, sino que el principal interés en todo momento debe ser la integridad del ser humano.


Así pues, derivado del principio pro personae o pro homine, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, deben efectuar una aplicación directa de los derechos humanos, tanto los consagrados en los textos constitucionales como los reconocidos en instrumentos internacionales atendiendo al mayor beneficio del ser humano. Por tanto, el Estado, a través de su gobierno (cuyas funciones están distribuidas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial atendiendo esto al principio de división de poderes) no cumple sus obligaciones con una simple no intervención en el ámbito privado de acción de las personas, sino que expresamente está vinculado a actuar, por ende todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.


Por tanto, atendiendo a lo ya expuesto, ha de establecerse que el principio pro homine, que ha sido definido como el criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos (en la Guía sobre la aplicación del derecho internacional en la jurisdicción interna), dado que debe ser respetado por todos los órganos estatales, debe ser aplicado tanto en la creación de la ley, como en su aplicación y en la interpretación que de la misma se haga en el caso concreto, pues su acatamiento por parte de cada uno de los órganos del gobierno permitirá que se cumpla de manera integral el principio en cita.

Sin embargo, la pregunta que surge ahora es ¿en qué grado ha sido realmente aplicada la reforma en comento? ¿Hasta dónde llegará en futuros años?

No hay comentarios:

Publicar un comentario